La reforma de la Ley de Mecenazgo, ahora sí
España dispuso de la primera ley con incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general en 1994. Ocho años más tarde se aprobaba la que sería la Ley de Mecenazgo española, la 49/2002, y que a pesar de nacer como una ley pionera en el ámbito europeo, entraría en decadencia de manera rápida, hasta el punto que, en poco tiempo, surgieron varias propuestas de modificación.
Por otra parte, Francia aprobaría un año más tarde su Ley Aillagon – ley de mecenazgo que tomaba el nombre del ministro de Cultura de ese momento – ley europea referente en la materia desde entonces y que dejaría la ley española muy atrás. En este contexto, resultó fundamental la creación de la Mission du Mécénat, que establecía políticas públicas de concienciación, pedagogía y difusión del conocimiento del mecenazgo, convenciendo a la ciudadanía d porqué todos debemos ser agentes activos y sus beneficios para la sociedad en general. Esta iniciativa desarrollaría una implicación y participación social envidiable para los demás países de la Eurorregión.
Con todo, cabe destacar que cuando a Sr. Aillagon se le propuso ser ministro de Cultura, él, sabio cómo es, tuvo muy claro lo que le convenía y preguntó: “¿Quién es el ministro de Hacienda?”. Sabía a ciencia cierta que quien disponía de la clave para poder establecer políticas transformadoras sería su homólogo en materia de tributos.
Y esto es lo que nunca hemos sabido coordinar en España. Los sectores cultural, social y la investigación han tenido claro lo imprescindibles que son los recursos privados para impulsar con éxito sus proyectos. Asimismo, es incuestionable su papel para sustentar el estado de bienestar si tenemos en cuenta que el gasto de las entidades no lucrativas en actividades de interés general alcanza casi los 17.000 millones de euros, pero desde el Ministerio de Hacienda o la Conselleria de Economia, siempre han sido reacios a aprobar cualquier acción que comportaría un coste fiscal estimado de cerca de 700 millones de euros. No hace falta ser un gran matemático para comprender que el rédito da a favor de la sociedad y del bienestar de todos, en tanto que las beneficiarias son entidades y las acciones que velan por nuestra calidad de vida. Sin embargo, en tiempos de crisis como los que llevamos concatenando año tras año en nuestro país, no es una decisión que ningún ministro haya estado dispuesto a tomar hasta ahora.
Algunas comunidades autónomas han sabido legislar en el tramo del IRPF en el que tienen competencia, pero todavía son pocas, y no es el caso de Catalunya, donde seguimos luchando para que se corrija en lo relativo al sector social y cultural, sobre todo dado que somos una de las comunidades autónomas más solidarias del Estado.
Han sido necesarios veintiún años, mucha presión de diversos sectores y mucho trabajo de personas que han trabajado de forma conjunta para hacer posible que Sergi Miquel, diputado del Grupo Plural, alcanzara una mayoría suficiente en el hemiciclo parlamentario a favor de una reforma de la Ley de Mecenazgo. Durante años, cada uno de los partidos políticos que ha ostentado el gobierno ha anunciado y vaticinado la «nueva» ley y así hemos ido esperando, a lo largo de más de dos décadas, que la modificación se convirtiera en una realidad.
Finalmente, el pasado mes de abril, no sin dificilísimas negociaciones internas, se logró vencer un primer tramo parlamentario con la aprobación en el Congreso de una reforma, que si bien no era la panacea, sí daba un paso adelante importante beneficiando al micromecenazgo, la fidelización, y reconociendo nuevas tipologías de donativos y modalidades de explotación económicas, entre otras mejoras.
Cuando escribí este artículo sólo faltaba la aprobación del Senado y la publicación del nuevo articulado en el BOE para poder celebrar que el Estado español tendría, a partir del día 1 de enero de 2024, una ley algo más justa con todas aquellas personas, empresas y entidades que participan, colaboran y ayudan a hacer de nuestro país un lugar mejor, y que la ley se adaptaba (un poco más) a las nuevas formas de hacer socioeconómicas del siglo XXI.
Teníamos estudiados muchos imprevistos que sabíamos cómo salvar, pero en ningún caso nos habíamos imaginado que nos esperaba un demoledor giro de guión, la convocatoria de elecciones generales, que comportaba la disolución de Las Cortes y a tres días de ser aprobada, la pérdida de todo el trabajo realizado en materia de mecenazgo.
Hemos caído en la casilla que te envía al punto de salida de nuevo. El trabajo realizado intentaremos que no se pierda y exigiremos al partido que suba al gobierno reconocer el consenso político logrado y que este percance se convierta en una oportunidad para aprobar una ley aún mejor.
A estas alturas ya no me atrevo a decir otra cosa que no sea que volveremos a luchar por una Ley de Mecenazgo digno. Y mientras tanto, desde la Fundación Catalunya Cultura, y en colaboración con la Cátedra de RSS de la Universidad de Girona, seguiremos impulsando el Sello IMPULSA CULTURA que visibiliza y certifica la sensibilización de aquellas empresas con propósito que buscan, a través de la cultura, dejar un legado en su territorio y apostar por su gente y su país.
Maite Esteve
Directora de la Fundació Catalunya Cultura.
