La empresa familiar catalana cree que el mundo empresarial será quién sufra las consecuencias de aplazar el acuerdo para la ampliación del Prat en beneficio de la Comunidad de Madrid
- La entidad preocupada por un posible decrecimiento del mundo empresarial en Cataluña reclama también inversión en otras infraestructuras.
Barcelona, 14 de septiembre de 2021/ La Asociación Catalana de la Empresa Familiar (ASCEF), que reúne a más de 100 empresas líderes en Cataluña que representen conjuntamente más de 35.000 millones de volumen de negocio, cree que la empresa catalana será quién sufrirá las consecuencias de aplazar la decisión de invertir 1.700 millones por la ampliación del Prat. “Por no disponer de un hub internacional, los empresarios llevamos mucho tiempo perdiendo oportunidades competitivas que aprovecha la comunidad de Madrid y que ahora, con la nueva inversión prevista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se harán todavía más grandes dado que incrementará su capacidad operativa ”, afirma Amadeu Jori, Presidente de la ASCEF.
Para Jori, la ampliación del aeropuerto de Barcelona beneficiaría no solo al número de viajes y al turismo, sino también a las ferias internacionales y a la agilidad en las relaciones con otros continentes. “La empresa familiar catalana está muy enfocada hacia el crecimiento internacional y es muy difícil avanzar sin infraestructuras para personas y mercancías. No se trata solo del beneficio en términos de contribución al PIB de Cataluña o la creación de puestos de trabajo, sino que en realidad estamos hablando de su rol estratégico dentro de la economía”.
Para la ASCEF, la gravedad de la situación podría llevar a un decrecimiento de la fortaleza de la empresa catalana, que también se ve afectada por la carencia de inversión en otras infraestructuras, desde la red de trenes de cercanías, la conexión del corredor del Mediterráneo con el puerto o el cuarto cinturón.
Para el empresariado familiar catalán, la ampliación del aeropuerto y las inversiones que necesita Cataluña no se tienen que convertir en “moneda de cambio política”, sino que se tiene que mirar como un bien común para los ciudadanos y para el desarrollo sostenible y expansivo de la economía del país.
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